Tiene razón Planas cuando demanda flexibilidad y simplificación en las normas para que los beneficiarios no sufran por ver incrementadas sus cargas que ya son muchas. Y lo que se decida deber ser homogéneo para los diferentes Estados, la convergencia externa y la interna.
Reflexiones sobre la nueva y polémica PAC. Por Jaime Lamo de Espinosa
Por Jaime Lamo de Espinosa, director de Vida Rural.
Querido lector:
Ante todo, enhorabuena y alegría porque, por fin, se haya abierto Las Ventas y se haya podido celebrar una gran fiesta de toros el pasado 2 de mayo. ¡Ya era hora! Y ojalá esto abra el camino para que la fiesta nacional prospere sin más trabas ni impedimentos en toda España.
Pero hoy deberíamos reflexionar algo sobre la nueva PAC, la nueva, la que se está construyendo para los años 2023-2027, con grandes dificultades y bastantes polémicas sobre su contenido y desarrollo futuro. Polémicas que, además, no nos llegan solo del interior de nuestro país, de sus diversos enfoques según autonomías, sino también desde fuera, desde el resto de Estados miembros de la Unión Europea. Y polémica que se abre ya en la ventanilla de la PAC de este 2021 con el muy discutido recorte de ayudas directas, que este año serán 4.860 M€ para 680.000 solicitantes.
He contado muchas veces la historia de la PAC desde su nacimiento en la Conferencia de Stressa (1958), creada para combatir la escasez alimentaria tras la II Guerra mundial hasta hoy. Entonces tuvo que ser intervencionista y productivista con altos grados de protección externos y precios garantizados a partir de 1962. Pero eso nos llevó a los excedentes y a un cierto olvido de las políticas estructurales y del Feoga-Orientación. Por eso en 1968 se presenta el famoso Plan Mansholt o “Programa 1980”. Había que cambiar ya.
Más tarde, en los años 80, los excedentes disparan los costes presupuestarios, la PAC es demasiado cara, y nace la reforma McSharry de 1992. Luego llegarían los PECOs, la Conferencia de Cork, y con ellas la Agenda 2000 con el sistema de ayudas directas a la renta –pago único– y el impulso a la competitividad agraria y el nacimiento del Segundo Pilar. Entramos así en la PAC de los derechos históricos que pronto tienen poco que ver con el mundo globalizado y unas demandas agrarias crecientes. Y ya en torno a 2008/10 nos vemos arrastrados por la biodiversidad, el cambio climático que empieza a preocupar y la gestión hidráulica. Esto nos llevará a la Reforma de 2013. Y ahora estamos caminando hacia la reforma verde y los programas y políticas para los años 2023-27. Y nada es fácil y mucho es contradictorio.
Y ahora, en mitad de mayo, estamos justo en el momento en que todos los países tratan de acelerar la negociación para que se pueda cerrar el pacto sobre la misma antes de que acabe junio, tras celebrarse dos trílogos y un supertrílogo el pasado marzo. Y no es fácil. Tres reglamentos deben ser acordados, el de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCMs), el de los Planes Estratégicos Nacionales y el de Regulación de la Financiación de las Ayudas. No son temas menores. Y si se quiere que se acuerden antes de que finalice el año es necesario que esta fase acabe en este mes, aproximadamente.
Pero hay temas centrales sobre los que no es fácil decidir. Organizar nuevamente el modo en que se puede intervenir y en qué grado sobre los mercados no es fácil. No olvidemos que esta es la batalla central desde la primera PAC, sobre la que Ramón Tamames y yo escribimos cuando el Plan Mansholt se discutió. Hoy los mercados de la UE no están prácticamente intervenidos y no deben estarlo. En eso no se parecen en nada a los de EE.UU con sus famosas Farm Bill. Pero hay cuestiones que son clave y que modulan excepciones necesarias, como los derechos de plantación de viñedos, el almacenamiento privado, qué hacer en situaciones de excepción o cuándo una intervención pública está justificada y que límites debe alcanzar, así como las nuevas disposiciones sobre el etiquetado nutricional o sobre el derecho de competencia en el ámbito agroalimentario o sobre cómo avanzar hacia una agricultura más ecológica, con una cuarta parte de sus tierras así categorizadas.
Porque están, además, sobre la mesa los ecoesquemas, “lo verde”, porque el cambio climático ha llegado a lo agrario y rural. Y es cuestión grave. Hay gentes que plantean que agroecología y PAC son una ecuación imposible. Cuanto más se acentúe lo verde menos rentas agrarias directas percibirán los agricultores. ¿Será al final el porcentaje de los pagos directos aplicados a esta cuestión el 20% como pide el Consejo o el 30% como propone el Parlamento? Se abren dos soluciones, la progresiva o gradual propuesta por Portugal y bien vista por el comisario de Agricultura, consistente en ir poco a poco del porcentaje menor al mayor, y el de la media, cerrar en la mitad, el 25%.
Este es un tema novedoso para los agricultores y ganaderos y no será fácil su aceptación tranquila. Pero no hay que olvidar que esos pagos son consecuencia de que el sector agrario europeo aporta más que ningún otro a la transición ecológica. Planas ha recordado que “contribuimos con más del 40% del presupuesto de la PAC a la lucha contra el cambio climático”. Y los agricultores franceses y alemanes creen que pierden ayudas con los ecoesquemas de la nueva PAC. Y al tiempo pierden población agraria. En Francia han pasado de 764.000 explotaciones agrarias en 2000 a menos de 400.000 en 2020.
Tiene razón Planas cuando demanda flexibilidad y simplificación en las normas para que los beneficiarios no sufran por ver incrementadas sus cargas que ya son muchas. Y lo que se decida deber ser homogéneo para los diferentes Estados, la convergencia externa y la interna. No deben seguir subsistiendo tantas diferencias. Y no es fácil llegar a ello cuando se trata de abandonar los derechos históricos. No coinciden los Estados miembros. Tampoco las posiciones de las diferentes CC.AA. son coincidentes, difieren según la región agronómica a la que pertenecen. Andalucía se ha rebelado contra el recorte de las ayudas de la PAC que implica el nuevo reparto siendo la comunidad que percibe más de un tercio de los fondos de la PAC. Extremadura quiere mantener los derechos históricos y Asturias eliminar los pagos a los no profesionales.
Todo ello en un contexto de envejecimiento rural, de despoblación, de falta de relevo generacional, europeo, no solo español, un agricultor francés se suicida cada día, y a veces se leen noticias de normas españolas que ayudan al vaciamiento, como las aprobadas contra la caza en parques naturales o la protección al lobo, olvidando la actividad económica que genera y el equilibrio animal que posibilita. Hay que facilitar además el acceso a la tierra en un momento en que los fondos privados o soberanos se mueven en esa dirección. Hay que fomentar el regreso de la juventud al campo. Es necesario. Y hay que propiciar la digitalización de esos pueblos muertos y sus comarcas si queremos que revivan. Las ayudas exclusivas que acaba de anunciar la Comisión para las provincias de Teruel, Soria y Cuenca por tener una densidad demográfica inferior a 12,5 hab/km2 , constituyen un primer e importante paso.
Estos temas no son fáciles de asimilar por los agricultores tradicionales. La agricultura familiar, los “agricultores genuinos”, tiembla y surgen voces cada vez con mayor intensidad en su defensa. Las tractoradas que hemos visto en España –Teruel y otras provincias– en contra de la nueva PAC y estas nuevas definiciones, que recuerdan las de los años finales de los 70, no deben minusvalorarse. Los profesionales de los tractores, los rebaños y las granjas quieren que sus derechos se antepongan a los de los no profesionales. Todo ello tiene que ver también con una manera, histórica o no, de ver estas soluciones.
Habrá que esperar para ver el final de esta historia tan esencial para nuestros campos. Ojalá San Isidro Labrador, cuya fiesta celebramos estos días, ilumine a los negociadores…
Un cordial saludo
