El comisario europeo de Presupuestos, Günther Oettinger, ha anunciado que los Estados miembros de la UE, los que quedan tras la salida del Reino Unido, “deben aportar más del actual 1% de su PIB que dedican a las cuentas comunitarias”. Solo con ese 1% peligra la PAC y la Cohesión y por ello el comisario propone elevar al 1,19% la contribución de cada Estado miembro.
Una presencia de España más fuerte en el seno de la UE. Por Jaime Lamo de Espinosa
Por Jaime Lamo de Espinosa, director de Vida Rural.
Querido lector:
Durante las últimas semanas los temas dominantes en la vida española en cuestiones agrarias podríamos decir que han sido tres: el éxito de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) celebrada en Zaragoza, feria de enorme impacto y de gran adaptación a la agricultura tecnológicamente evolucionada; las grandes nevadas y lluvias que se han producido y se están manteniendo en amplias regiones de España, lo que abre una puerta a la esperanza frente a la gran sequía que nos ha dominado y, en último lugar, la revisión de las cuentas anuales de 2017 que arrojan un nuevo récord en la renta agraria pero un 4,7% menor por ocupado a tiempo completo, con un descenso notable, 2,6%, en la producción vegetal. Pero mientras que estas cosas ocurren aquí dentro, la mirada debe dirigirse hacia Bruselas donde el Brexit está abriendo una brecha de consecuencias hoy difíciles de predecir.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea abre un inmenso agujero en el presupuesto comunitario, pues la aportación británica de unos 16.000 millones de euros al año desaparece y ello plantea un problema de recursos y de opciones de gasto. La quintaesencia del problema es que o se recupera esa cifra para mantener el presupuesto o, necesariamente, deberán producirse recortes que, con toda seguridad, afectarán a la PAC y a los Fondos de Cohesión. Y ambas políticas son de gran importancia para España por lo que su reducción perjudicaría severamente nuestra economía y, en particular la economía de nuestros agricultores y ganaderos.
Planteadas así las cosas solo caben dos soluciones para los presupuestos del año 2021 y posteriores: o aumentar la contribución anual de cada Estado Miembro para compensar la pérdida británica o mantener la contribución anual presente pero reduciendo gastos, básicamente en los ya indicados.
Y si se redujeran los gastos de la PAC en aproximadamente un 30%, como se estima, ello repercutiría fuertemente en la renta agraria nacional pues, no olvidemos, que en 2017 las subvenciones totales percibidas por el sector agrario fueron de unos 6.500 millones de euros, equivalentes al 23,2% de la renta agraria y, en su mayor parte, 5.660 millones de euros en subvenciones ligadas al proceso productivo como el pago básico, retirada de tierras, medidas agroambientales, extensificación del ganado, zonas desfavorecidas, etc., etc.
Pero la cuestión no queda ahí, porque las autoridades comunitarias pretenden ampliar sus políticas activas en otras direcciones como por ejemplo el control de fronteras, que es un programa de extraordinario interés para España. En el último mes ha habido serias advertencias sobre esta cuestión.
Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha señalado que se necesita “un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión que cumpla de forma eficiente sus prioridades posteriores a 2020” y, tras advertir que es amigo de la política de cohesión, señaló que habría que hacer recortes en la PAC y en Cohesión “si queremos cumplir con todas nuestras nuevas prioridades”.
Por su parte, el comisario europeo de Presupuestos, Günther Oettinger, ha anunciado también que los Estados miembros de la UE, los que quedan tras la salida del Reino Unido, “deben aportar más del actual 1% de su PIB que dedican a las cuentas comunitarias”. Solo con ese 1% peligra la PAC y la Cohesión y por ello el comisario propone elevar al 1,19% la contribución de cada Estado miembro.
Porque además la CE quiere ir más lejos en otras políticas como la transformación digital, la movilidad de los jóvenes, el impulso de la I+D+i, los proyectos de infraestructuras, etc. Y para ello también sugiere la reforma del sistema de recaudación del IVA convirtiéndolo en “un impuesto europeo y la reforma de la base común del Impuesto de Sociedades”. Incluso el comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha afirmado recientemente en Sevilla que hay que ir más allá de ese 1% del PIB nacional si se quiere continuar financiando la PAC.
Ante esta situación España se mueve en un serio dilema: o defender la inalterabilidad del porcentaje de ingresos en el 1%, en cuyo caso peligra la PAC, la cohesión y no se implantaría nunca el nuevo proyecto de protección de fronteras, cuando nuestras fronteras marítimas son de alto riesgo sobre todo en la zona sur; o bien contribuir con más recursos al presupuesto comunitario pasando a ser, por vez primera desde nuestro ingreso, contribuyente neto.
En mi opinión, modesta opinión, España debería apostar por esta última opción. En primer lugar porque refuerza su posición en el núcleo de los países fuertes, los países ricos, de la UE, es decir, España apostaría por una Europa más fuerte e integrada y estaría en el núcleo de los cuatro grandes países: Alemania, Francia, Italia y España. Y,en segundo lugar, porque ello garantizaría una PAC no exactamente igual a la presente pero sí mucho más próxima a los intereses agrarios de todas nuestras comunidades autónomas. Existen otras posibles alternativas según los niveles de recorte del presupuesto pero éstas no deberían enfocarse.
Como se ve la situación no es sencilla y el Gobierno deberá adoptar una muy difícil decisión en los próximos meses. Tengo por casi seguro que, dado el buen comportamiento de nuestra economía en los últimos años, la apuesta será claramente favorable a una más fuerte presencia de España en el seno de la Unión. Al menos así lo espero.
Un cordial saludo
