Históricamente sabemos que las decisiones políticas muchas veces se toman en Euskadi. También sabemos que las decisiones económicas pasan por Cataluña. Y lo que estamos descubriendo es que en las decisiones en materia agraria es Andalucía la que parece tener la voz determinante.
¿Quién susurra en la oreja del ministro de Agricultura?. Por José María Alcubierre Puértolas
Por José María Alcubierre Puértolas, Secretario General de UAGA-COAG.
La reforma de la PAC (Política Agraria Común) está encima de la mesa y nunca ha estado tan caliente como en estos momentos. Desde Aragón se hecho una propuesta clara, coherente y noble. Una propuesta que no está inspirada en cuánto se tiene que llevar nuestro territorio, sino en cómo se puede favorecer a la agricultura profesional y social; en cómo se puede priorizar a esas mujeres y hombres que trabajan directamente en el sector primario, de una manera profesional o principal.
Esta es la gran directriz de la propuesta aragonesa. Y esa directriz no beneficia a Aragón “per se”, sino que beneficia a un modelo de agricultura social y familiar, esté donde esté, aquí, en las Castillas, en la Cornisa Cantábrica o en Andalucía. Un modelo que pone en el centro a las mujeres y hombres que trabajan directamente en la agricultura y en la ganadería.
Pero, ¿por qué el ministro de Agricultura ha cambiado de opinión en estos momentos? ¿Por qué Luis Planas ha virado en sus planteamientos iniciales sobre la Política Agraria?
Muchos políticos y dirigentes hacen demagogia y ponen el foco en esas pequeñas explotaciones que, a veces, no viven de la agricultura, sino que la actividad agraria es un complemento, para justificar que esas ayudas están bien dirigidas.
Sin embargo, mientras apuntan con el dedo a esas explotaciones, por detrás están ayudando a las grandes estructuras que se están llevando de una forma silenciada, y sin estar en el foco, el dinero público. Unas ayudas que van destinadas a grandes superficies, mientras nos quieren hacer creer que se está apoyando a los pequeños perceptores.
Por ese motivo, en muchas ocasiones, desde UAGA no entendemos cómo aquellos que se denominan organizaciones profesionales agrarias no defienden realmente la profesionalización del sector.
Nos da vergüenza ver como esas OPAs, señalando a aquellas personas que quizá tengan a la agricultura como “hobby” o para las que la actividad agraria no es su principal fuente de ingresos, lo que están haciendo es defender a esos grandes capitales que están entrando en el sector agrario.
Desde UAGA-COAG siempre le hemos pedido valentía al ministro Planas. Valentía para romper con un sistema de falsos derechos, de fondos públicos que jamás tendrían que haberse dado; un sistema de asignaciones con referencias de hace más de veinte años; un sistema que, igual me da en Andalucía, en las Castillas, en Galicia, o en las islas, permite que haya gente que está cobrando sin tener actividad; un sistema que no pone el foco en la explotación profesional, social y familiar.
Siempre le hemos pedido esa valentía, pero vemos que el ministro no escucha a los profesionales.
No sabemos quién susurra en la oreja de Luis Planas, pero el capital y los intereses económicos están llevando a que las decisiones del Ministerio protejan o mantengan los privilegios de gente que está cobrando sin necesidad de ejercer la actividad agraria, lo que pone en riesgo de continuidad a la agricultura con agricultoras y agricultores.
Hablar de política agraria es difícil, porque muchas veces con escuetos lemas de defensa de la agricultura familiar, de defensa de la ganadería extensiva, de defensa del mundo rural… se cae en eslóganes publicitarios que se hacen para generar un ambiente de defensa de ese mundo bucólico.
De esta forma, gran parte de la ciudadanía, desvinculada del sector agrario, cree que se está protegiendo al medio rural, pero la realidad es que esos lemas nada tienen que ver con la situación del propio sector, porque los profesionales, las mujeres y hombres, que realmente se la juegan, no están recibiendo el apoyo de las instituciones públicas. Un apoyo traducido en ayudas para paliar la pérdida de valor de sus producciones.
Vemos cómo hay gente que, con dinero público, está cobrando por haber tenido ganado hace más de veinte años, no por tenerlo ahora; por tener cultivos, como arroz o trigos hace más de veinte años, no por tenerlos ahora. Y esto lo quiere mantener el ministro.
Parece que el gobierno de Pedro Sánchez solo rompe con el pasado en aspectos sociales: ley de eutanasia, ley del aborto, ley de la memoria histórica…, pero cuando hay que tocar al capital, le entra el miedo y ya no son valientes.
Esa valentía que estamos viendo para los indultos, en pro de un mejor Estado, ni se la plantean para poder hacer una reestructuración del sector agrario. Parece mentira que se quiera ser valiente para unas cosas y tan conservador en lo económico. A este sector le ocurre lo mismo que al de la electricidad, aquí nadie se atreve a meter mano.
Al final tendremos que felicitar a todos aquellos que se han quedado en casa, que no han movido un dedo para movilizar, para cambiar, para mejorar este sistema de políticas públicas agrarias.
Esa gente que, al mismo tiempo, ha hecho despachos y ha intentado influir de una manera rastrera para que los privilegios, sin que generen valor social, económico y de trabajo, se sigan manteniendo.
A todos aquellos a los que ha escuchado el ministro desde sus despachos, desde sus puestos de influencia, desde su poder, y despreciando a la multitud de profesionales de la agricultura y la ganadería que salieron por un cambio radical de esta política agraria. Lamentable pero real.
