La reforma de la PAC encara una recta final en un proceso de negociaciones en las que intervienen múltiples actores. Empezando por José Antonio Turrado, secretario General de ASAJA Castilla y León, los de más de abajo y que nos son más próximos, cuenta el parecer de la Consejería de Agricultura y la influencia que para ciertas cuestiones tiene la de Medio Ambiente; cuenta el Ministerio de Agricultura, marcado muy de cerca por los tentáculos del Ministerio para la Transición Ecológica; y por último cuenta y es decisiva la estructura de gobierno de la Unión Europea formada por la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, lo que ahora han denominado los ‘trílogos’.
Recta final de la reforma de la PAC. Por José Antonio Turrado Fernández. Secretario general de ASAJA Castilla y León
José Antonio Turrado Fernández. Secretario general de ASAJA Castilla y León
Poco papel juegan en estas decisiones las organizaciones agrarias en sus diferentes ámbitos de representación, órganos consultivos como el Comité de la Regiones o el Consejo Económico y Social, y quizás sí tenga un peso relevante la opinión de grupos conservacionistas que se ponen de uñas cada vez que llega un euro de dinero público al campo.
Para que nos entendamos, y con el riesgo de ser demasiado simplista al tratar de resumir, esta nueva PAC llegará con algo menos de presupuesto; seguirá siendo demasiado fácil y generosa para quien no ejerce la actividad de manera profesional; implantará un pago redistributivo a las primeras hectáreas como un guiño hacia una política más social a favor de los más pequeños; pondrá un tope a las ayudas y aplicará criterios regresivos a los mayores importes para satisfacción política de la actual clase gobernante; impondrá prácticas agroambientales para hacer concesiones a los grupos conservacionistas y animalistas; apoyará de forma específica a los jóvenes porque eso se vende bien políticamente, y compensará de manera adicional ciertas producciones que el mercado remunera todavía peor que a otras.
Es probable que unas y otras medidas castiguen a cultivos con muchas posibilidades agronómicas y mercados potentes, y por el contrario orienten la producción hacia la generación de excedentes y malos precios, cuando no hacia cultivos con balance económico negativo.
Ni nos sirve el lema de aquella reforma que preconizaba “producir para el mercado”, ni el de aquella otra que decía “cobre usted las ayudas y haga con las tierras lo que estime oportuno”, porque, lo que nos dicen ahora, es que vamos a cobrar unas ayudas con la condición de que produzcamos lo que nos digan y como nos digan, a la vez que esos mismos mandatarios se van a lavar las manos con los problemas que nos encontremos a la hora de comercializar lo producido.
Para nada esta PAC está pensada para producir en competencia con un libre mercado mundial donde las reglas del juego deben de ser lo más comunes posibles, por lo que corremos el riesgo de que nuestras fronteras sean fácilmente franqueables a la entrada de productos de fuera, y por el contrario perdamos competitividad en sectores en los que somos una potencia a la hora de exportar, como por ejemplo el porcino, el vacuno, las frutas y hortalizas, el vino o el aceite de oliva.
Esta PAC no está pensada para aumentar la productividad y consecuencia de ello el empleo en el campo, ni está pensada para fomentar la inversión y consecuencia de ello hacer despegar a las empresas que proveen de bienes y servicios al sector primario. Y no, esta PAC tampoco está pensada para dar fluidez al relevo generacional y con ello una alternativa sólida para una nueva generación de jóvenes agricultores
