Reforcemos el seguro agrario para proteger más y mejor a los agricultores y ganaderos

Juan Sáez. Subdirector General Seguros Agrarios Combinados. MAPFRE ESPAÑA

Juan Sáez. Subdirector General Seguros Agrarios Combinados. MAPFRE ESPAÑA

Dentro de unos días estaremos asistiendo en Madrid a la cumbre del clima de las Naciones Unidas (conocida como COP 25). En el campo español vemos, por desgracia casi a diario, a una permanente alteración del clima, en la que se suceden períodos de sequía con auténticos diluvios, tormentas con granizo con vientos realmente huracanados, y otras alteraciones que dañan gravemente las explotaciones agropecuarias.

En las reiteradas convocatorias electorales que vive nuestro país, asistimos a continuos debates sobre qué soluciones hay después de cada una de estas “tormentas” o daños en cultivos y explotaciones de ganado. En una sociedad moderna y participativa, la puesta en común de diferentes ideas enriquece las decisiones que posteriormente se puedan adoptar. Trataremos de aportar algunas contribuciones a este debate:

En primer lugar, se trata de gestionar lo más adecuadamente posible los riesgos de una explotación o empresa agropecuaria. Y en ese análisis hay muchas opciones y alternativas. La primera y más clara es transformar secano en regadío, aspecto que no es fácil ni rápido, pero que debe abordarse de inmediato, pues las previsiones de futuro señalan que las precipitaciones pueden ser cada vez menores y de frecuencia cada vez más irregular.

En el día a día el profesional de la actividad agropecuaria toma permanentemente decisiones en este sentido: diversifica sus cultivos y las variedades dentro de un mismo cultivo, la biotecnología proporciona variedades más resistentes a sequía y plagas y períodos de floración con menor riesgo de heladas, utiliza estructuras de protección tales como invernaderos y mallas antigranizo, distribuye sus cultivos entre zonas de diferente altitud… Todos son planteamientos que se enmarcan en una gestión que pretende disminuir o minorar los riesgos.

Hecho todo esto, es decir, evitando que el resultado económico de una explotación dependa de una sola “carta” (permítanme el símil), el riesgo que queda tiene diferentes opciones:

• Se puede retener, es decir, se decide que si hay daños van en contra de la economía o patrimonio de la explotación/empresa agropecuaria.
• Se puede transferir, en cuyo caso el seguro agrario es la mejor opción, en la que además su coste se ve minorado por el apoyo en forma de subvenciones que conceden el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas.
• Se puede esperar que alguna de las administraciones públicas conceda ayudas para compensar al menos una parte de dichos daños.

Y aquí entramos en lo que hoy nos ocupa, el seguro:

-La Ley de Seguros Agrarios Combinados se aprueba en 1978 como respuesta del Gobierno en aquel momento a la demanda de las organizaciones profesionales agrarias para hacer frente a los desastres naturales de aquella época. Hay que recordar que en la segunda mitad del s. XX la oferta de las compañías y mutuas de seguro se limitaba a coberturas frente a daños por granizo e incendio, y poco más. ¿Ha perdido vigencia esta demanda de los representantes de los agricultores y ganaderos? A tenor de las hemerotecas pudiera parecer que así es, sin embargo reiteran permanentemente su apoyo a este sistema español de seguros agrarios, mensaje acompañado de la necesidad de mejoras y de otras aportaciones, lo que sin duda es lógico. Como anécdota, uno de sus representantes decía recientemente: “En España criticamos con cierta frecuencia determinados aspectos de los seguros, pero cuando vamos a Bruselas mis colegas de otros países nos miran con envidia por disponer de este sistema de compensar los daños en el campo”. En cualquier caso, entiéndase que no se pretende polemizar ni mucho menos hablar en su nombre.

-La valoración que hacen las personas y empresas que contratan el seguro sobre el mismo es satisfactoria o muy satisfactoria, se sienten respaldados y protegidos, aunque tienen claro que lo que desean es recoger el fruto de su esfuerzo día a día, y obtener un precio adecuado en el mercado.

-En ciertas ocasiones, se cuestiona su utilidad en base al nivel de penetración o contratación que tiene cada línea de seguro. Es un dato sin duda a tener en cuenta, pero no se debe ignorar que este seguro es de contratación voluntaria, y dentro del análisis de gestión de riesgos, ya mencionaba anteriormente que una de las opciones que tiene el agricultor y ganadero es asumir el mismo, no transferirlo.

-En estos momentos hay una pregunta permanente: ¿Cómo se adapta cada sector al cambio climático? En este seguro, la adaptación es permanente, todos los años se revisan las condiciones de cada línea o producto, actualizando variedades, coberturas, zonas en las que se puede contratar, se individualizan los rendimientos que cada agricultor puede asegurar y el coste de su póliza, etc. No tiene sentido prefijar lo que puede ser la realidad de dentro de 15 o 20 años, pero el seguro agrario sí estará preparado para seguir dando respuesta en las condiciones que existan en ese momento.

-Hay un elemento clave en este sistema y que debería contemplarse de forma inmediata, incluso para la contratación de los seguros que se realizan actualmente para las cosechas del próximo verano/otoño: las subvenciones del Ministerio de Agricultura. Hay que señalar que el esfuerzo del Gobierno (apoyado en las cámaras legislativas por todos los grupos políticos) ha sido siempre ejemplar, ya que destinan a ayudas a la contratación de estos seguros más de 211-270 millones de euros cada año (si bien casi tocaron el techo de los 300 millones en 2010 y 2011). Lo mismo hacen las comunidades autónomas y diputaciones forales, con un volumen total próximo a los 100 millones de euros. Vaya por delante todo el reconocimiento a este apoyo, que por otra parte es el coste de que el seguro sea un instrumento de la política agraria de nuestro país.

En el Consejo de Ministros del 12 de noviembre de 2016, la situación económica y presupuestaria de aquel momento llevó al Ministerio de Agricultura a reducir la subvención base, la que se le concede a toda persona o empresa que contrata una póliza, en diez puntos porcentuales. Esto ha supuesto que la subvención media se reduzca del 37% al 28%.

En un momento en el que el riesgo y los daños se han incrementado exponencialmente, se hace necesario proponer al Ministerio que tome la misma decisión que adoptó hace tres años, pero a la inversa: incremente la subvención base en esos diez puntos porcentuales. Con ello, volvería a los niveles de aquel momento y reforzaría su mensaje de apoyo decidido a los productores agropecuarios y a la sociedad rural en general.

El otoño es período de siembra, de poda, de planificación para 2020, de pensar en semillas a sembrar, plantones, barbados e injertos, de cómo realizar la poda, de cuál es el mejor fertilizante que se utilizará, de inseminación, de disponer de la mejor genética para el ganado… No se concibe la actividad en el campo sin todo esto; como tampoco se concibe, y menos en estos tiempos, sin analizar seriamente la opción de transferir los riesgos climáticos y de enfermedades y accidentes en el ganado a la opción que más le interese de todas las que le ofrece el Seguro Agrario Combinado. 41 años después, sería todo un símbolo reeditar y reforzar aquel Pacto por el Seguro que llevaron a cabo organizaciones agrarias y Administración.

“Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay otras muchas montañas por escalar” (Nelson Mandela)