Quienes representamos a las Comunidades Autónomas en relación con la Reforma de la PAC, a juzgar por los análisis dominantes, parece ser que carecemos de otra visión y propósito que no sea el logro del mayor presupuesto posible en el reparto del importe nacional a expensas del resto del Estado.
Reforma de la PAC: Las CC.AA. buscamos tan solo maximizar nuestro pedazo de tarta. Por Joaquín Olona Blasco
Por Joaquín Olona Blasco. Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón.
Debería resultar obvio que la obligación de los consejeros autonómicos es la defensa de los intereses de su Comunidad respectiva. Más aún cuando su posición está refrendada por acuerdos y mandatos que incluyen a los propios parlamentos regionales.
Pero eso no implica que tan solo se busque maximizar el «sobre» autonómico a expensas del resto del Estado y, mucho menos, que siempre se haga de manera insolidaria, desleal y con absoluta falta de visión de Estado.
No es Aragón, en absoluto, la única Comunidad Autónoma que mantiene criterios y posiciones relativas a la Reforma de la PAC, que trascienden esa visión tan miope y estrecha que se nos achaca. Tampoco es Aragón una excepción en la formulación de acuerdos con otras CC.AA. que, atendiendo a criterios geográficos, agronómicos o de otra índole, persigue contribuir a la mejor formulación posible del Plan Estratégico Nacional.
La posición aragonesa en relación con la reforma de la PAC, sustentada en un amplio y sólido acuerdo político y social, defiende la concentración de las ayudas en el apoyo directo de la renta de quienes más dependen de la actividad agraria en función de sus ingresos.
Ello no excluye, en absoluto, a quienes practican la agricultura a tiempo parcial, ya que en ningún momento hemos identificado al “profesional” con quien acredita ingresos exclusivamente agrarios. Es más, hemos admitido porcentajes de ingresos agrarios tan escasos como el 25%, incluyendo las ayudas de la PAC, para considerar al beneficiario como profesional a los efectos de la PAC y vincularlo así a la preferencia que reivindicamos.
Una preferencia que resulta determinante para la defensa de los jóvenes y del rejuvenecimiento del sector ya que el apoyo a su incorporación viene exigiendo en la práctica niveles de profesionalidad más elevados.
Concentrar la ayuda en los “profesionales”, una vez establecidas las correspondientes limitaciones de pagos por encima de determinadas cantidades y condiciones, haciendo uso sobre todo de la Ayuda redistributiva a la renta, equivale a concentrar la ayuda en quienes más la necesitan, siendo además la vía más eficaz para afrontar la brecha de renta existente entre los agricultores y el resto de los ciudadanos.
Pero para que la ayuda se concentre efectivamente en quienes más la necesitan exige, a su vez, la supresión de unas referencias históricas y de unos derechos individuales que, además de injustos e ineficaces, bloquean la redistribución de los fondos respecto de cualquier objetivo que se plantee, incluido el del género.
El sistema de derechos se ha traducido en anomalías sociales y territoriales que es preciso subsanar con la mayor urgencia posible. Así, desde Aragón también propugnamos la reducción significativa del número de regiones productivas, así como la aceleración del proceso de convergencia, tal y como de hecho le exige a España la propia Comisión Europea. Es la única vía para que desaparezcan las aberrantes diferencias actualmente existentes en los pagos por hectárea, de modo que por producir lo mismo en las mismas o similares condiciones se aplique el mismo pago por hectárea.
También defendemos desde Aragón que la ganadería extensiva, dadas las especiales dificultades que afronta y el importante papel socio-territorial y ambiental que desempeña, tenga un tratamiento preferente a través de las ayudas asociadas de modo que el pago por cabeza se incremente de forma significativa, sobre todo en el caso de la ganadería ovina.
Preguntas
Sorprende que estas propuestas hayan sido valoradas como interesadas para Aragón, cuando no descalificadas por su falta de contribución a la necesaria política de Estado. En consecuencia, cabría formular las siguientes preguntas:
- ¿Acaso sólo hay dependientes de la agricultura y de la ganadería en Aragón?
- ¿Es que en el resto de España no hay agricultores y ganaderos que aspiran a vivir de la actividad agraria?
- Si la exigencia de acreditar cualquier porcentaje de ingresos procedentes de la agricultura, incluyendo las ayudas, por mínimo que sea, se interpreta que excluye a los agricultores a tiempo parcial ¿Qué se entiende entonces por agricultor y agricultura a tiempo parcial?
- Sabiendo que es preciso afrontar mayores exigencias ambientales de las que se derivarán, sin duda, mayores costes ¿No es conveniente reforzar el apoyo a la renta de quienes más se van a ver afectados y mayor esfuerzo deberán hacer (los profesionales)?
- ¿Acaso la brecha de renta que sufren los agricultores y ganaderos no es un serio obstáculo para la mejora social, económica y ambiental de nuestra agricultura y ganadería?
- ¿Podemos afrontar realmente los retos del rejuvenecimiento, del género, de la competitividad y de la sostenibilidad marginando en las ayudas a la profesionalidad agraria?
- ¿Podemos afrontar realmente el futuro del mundo rural y la despoblación marginando en las ayudas la profesionalidad agraria?
- ¿No cabe considerar como cuestión de estado los problemas y retos que plantea la ganadería extensiva?
La cuestión de los derechos históricos y de la convergencia en absoluto sitúa a Aragón en posición de ventaja. Si bien existe una mayoría política y social a favor, también hay fuerzas políticas y organizaciones agrarias que se oponen. Si defendemos la supresión de los derechos y la aceleración de la convergencia no es porque Aragón amplíe su “sobre” de la PAC, sino porque es lo mejor para quienes viven o tratan de vivir de la agricultura y de la ganadería en Aragón, pero también en cualquier otra parte de España.
Cabe preguntarse por último sobre dos cuestiones adicionales:
Una, sobre la coherencia de quienes piden que las ayudas se concentren en los profesionales, al mismo tiempo que exigen que los derechos históricos se mantengan o que incluso se tengan en cuenta en la aplicación de los ecoesquemas cuando se pide su regionalización.
¿Será que hay territorios donde los derechos históricos están justa y eficazmente distribuidos en función de la profesionalidad y de la brecha de renta? En Aragón desde luego que no es así; y me temo que en el resto de España tampoco.
La otra, sobre la coherencia de quienes exigen la intervención del Estado sobre los precios y mercados agrarios, al objeto de garantizar una renta justa para los productores –que está fuera de toda posibilidad en el marco jurídico-administrativo de la UE- pero rechazan la redistribución de las ayudas de la PAC destinadas al apoyo a la renta en favor de quienes más dependen de la actividad agraria, es decir, de los profesionales.
¿Será que saldrían más beneficiados los pequeños agricultores y ganaderos profesionales con la (imposible) fijación de precios mínimos, que con una distribución más justa de la ayuda a la renta? En Aragón, desde luego que no; y en el resto de España me temo que tampoco.
