Establecer un precio único del agua de riego en todo el país debe ser uno de los objetivos prioritarios para el Gobierno resultante de las elecciones del próximo 26 de junio. Así lo han manifestado en rueda de prensa los regantes de Almería, Murcia y Alicante, que han presentado hoy su propuesta conjunta para el establecimiento de un nuevo modelo público de gestión hídrica que fomente la igualdad de oportunidades en las distintas zonas de producción hortofrutícola de todo el país, y que impulse la ejecución de infraestructuras que permitan la interconexión entre cuencas.
Regantes de Almería, Murcia y Alicante reclaman al Gobierno un precio único del agua de riego
Los regantes del sureste español, representados a través de la Federación de Regantes de Almería (FERAL) y del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), han recordado que el establecimiento de un precio único del agua de riego es una cuestión que actualmente ya debería encontrarse en fase de estudio, puesto que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, así lo anunció tras aprobar en octubre de 2015 la rebaja puntual del precio del agua desalada para los usuarios del trasvase Tajo-Segura. En todo caso, ambas organizaciones de regantes reclaman que el Gobierno “cumpla de una vez con sus promesas y ponga en marcha una política nacional del agua, ahora que se ha culminado la planificación hidrológica en todas las cuencas españolas”, según Manuel Martinez, miembro de la Junta Directiva de SCRATS.
Los regantes han justificado su propuesta de precio único del agua mediante una comparación con el sistema eléctrico español. “Todos los españoles pagamos el mismo precio por el kilovatio/hora, sin tener en cuenta diferencias de tarifa en función de su procedencia, distancia recorrida, ni por el tipo de energía que lo ha creado”, ha explicado el presidente de FERAL, José Antonio Fernández, quien ha destacado que el establecimiento de un precio único del agua de riego eliminaría los agravios comparativos entre productores de diferentes zonas de España. “Un precio único significaría tratar por primera vez el agua de riego como un bien público al que todos debemos tener acceso, velando así por los intereses económicos y sociales del sector agroalimentario que genera decenas de miles de empleos en las tres provincias”.
En este sentido, los regantes del trasvase Tajo-Segura han puesto de manifiesto la situación de incertidumbre que vuelven a pasar cada vez que tienen que planificar la siembra del próximo cultivo. “No podemos organizarnos campaña a campaña, sin saber nunca si habrá suficiente agua para atender nuestros pedidos, se necesita urgentemente dar seguridad al campo y establecer una solución duradera en el tiempo”, añadió Manuel Martinez, de SCRATS.
Fomentar las infraestructuras de interconexión de cuencas, así como la conexión interna dentro de cada cuenca, es otra de las reivindicaciones conjuntas de los regantes de Almería, Murcia y Alicante. FERAL y SCRATS apelan a la urgente ejecución de proyectos que permitan disponer de agua allí donde se necesite, de modo que un embalse pueda ser receptor y cedente, en función de las necesidades de cada momento.
Además, las administraciones competentes deben hacer todo lo necesario para garantizar recursos hídricos alternativos que aporten estabilidad y garanticen la supervivencia de los cultivos. En este sentido, los regantes reclaman que, además de los trasvases como recurso primordial para estas zonas hídricamente deficitarias, se contemplen todos los recursos posibles, como las aguas superficiales, las subterráneas, las regeneradas y, en último caso, la desalación. FERAL y SCRATS también han reclamado el desarrollo e implantación de nuevas técnicas de riego que consigan un ahorro de los escasos recursos disponibles.
Una de las obras de interconexión que se reclaman para la provincia de Almería es la Autovía del Agua para interconectar los embalses de Benínar y Almanzora, incluyendo indirectamente las aguas de los trasvases del Negratín y del Tajo-Segura, y las de las desaladoras de Carboneras y Balerma. Este macroproyecto, iniciado en 2002 y actualmente paralizado, distribuiría agua de diversas procedencias entre el Poniente, Níjar y el Almanzora, en ambos sentidos y según las necesidades. La Autovía del Agua podría, a su vez, conectarse con el pantano de Rules, de tal forma que quede comunicada la provincia de Almería con la de Granada a través de dos embalses. Esto aportará una seguridad mucho mayor al regadío, con agua de calidad y a un precio razonable, compartiendo todos los recursos disponibles.
En cuanto al trasvase Tajo-Segura, los regantes de las tres provincias coinciden en la necesidad de contar con las infraestructuras necesarias para asegurar nuevas aportaciones a la cuenca del Segura, bien a través del sistema de cabecera o mediante otro tipo de recursos hídricos. “Es importante recordar a las administraciones competentes que la planificación hidrológica debe responder a criterios técnicos, ya que el agua no debería usarse en ningún caso como arma política”, ha manifestado Carlos Germán Escudero, miembro de la Junta Directiva de SCRATS en representación de los regantes de Alicante.
Aprobar nuevos trasvases complementarios a los ya existentes, completar el ciclo integral del agua, y fomentar la recogida de pluviales son otras de las propuestas recogidas en el documento conjunto, en el que también se refleja el interés de los regantes del sureste español por obtener apoyos específicos para fomentar el uso de las energías renovables en el riego, y reducir así el coste energético.
El documento suscrito por FERAL y SCRATS recoge también una serie de medidas para mejorar la gobernanza del agua, como la constitución de las Juntas Centrales de Usuarios que aún no se hayan puesto en marcha en el ámbito de los acuíferos declarados como sobreexplotados y la autorización de las concesiones para riego que llevan pendientes desde hace años para las comunidades de regantes que las hayan solicitado. Las propuestas conjuntas se trasladarán a las diferentes candidaturas electorales, con el interés de que sean recogidas en las acciones de gobierno durante la próxima legislatura.