El ministro de Agricultura, Luis Planas, presidió este jueves 12 de noviembre la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que aprobó la distribución de un total de 69,1 M€, por un lado, a la medida inversión en la tercera convocatoria del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) y, por otra, en ayudas de Estado para paliar la crisis del sector productor de la flor cortada y planta ornamental, a causa de Covid-19.
Reparto entre CC.AA. de 69,1 M€ para los sectores vitivinícola y de flor cortada y planta ornamental
Al respecto, el MAPA aprobó la lista definitiva de solicitudes de ayudas correspondiente a la tercera convocatoria de la medida de inversiones del PASVE 2019-2023. En este ámbito, se establecieron los tipos de ayuda comunitaria en un 75% para Islas Canarias, por ser región ultraperiférica; del 50% para Extremadura, por ser región menos desarrollada, y del 40% para el resto de Comunidades Autónomas. Los porcentajes restantes, hasta el 100%, son aportados por productores y bodegas beneficiarias de estas ayudas del FEAGA comunitario.
Así, dentro de esta medida del PASVE, se autorizaron 275 operaciones, que contarán con un presupuesto de 43,9 M€, correspondientes al Fondo Europeo Agrario de Garantía (FEAGA) del ejercicio 2021, así como el compromiso de otros 14,8 millones del ejercicio FEAGA 2022. En conjunto, unos 58,7 millones de euros de fondos comunitarios.
Con este programa, según el MAPA, se subvencionan operaciones que suponen inversiones en instalaciones de transformación e infraestructura vinícola, así como en estructura e instrumentos de comercialización, para los productos vitivinícolas definidos (mosto, vino y vinagre de vino).
Por CC.AA., el mayor número de solicitudes aprobadas corresponden a Castilla y León, con 67, con una asignación total de casi 16,74 M€ en el PASVE de los ejercicios 2021 y 2022; seguido de Castilla-La Mancha (51 solicitudes aprobadas por importe de casi 16,6 M€); Galicia (31 solicitudes y casi 2,32 M€); Cataluña (27 peticiones por casi 3,76 M€); País Vasco (26 y casi 3,2 millones); Comunidad Valenciana (21 y 3,13 M€); Extremadura (14 y casi 3,83 M€); Región de Murcia (9 y 1,93 M€); La Rioja (8 y 1,25 M€); Andalucía (6 y casi 409.000 €); Aragón (5 y casi 1,18 M€); C.F. de Navarra (4, con casi 1,4 M€); Comunidad de Madrid (3 y 671.528 €); Baleares (2 y cerca de 2,2 M€), e Islas Canarias (1 y 152.542 €).
Ayuda estatal a flor cortada y plantas
Por otro lado, el MAPA autorizó también la distribución entre las CC.AA. de 10,4 M€, correspondientes a las subvenciones de Estado, a favor del sector productor de flor cortada y planta ornamental, con especiales dificultades de mercado, debido a las medidas excepcionales adoptadas para afrontar la crisis sanitaria de la COVID-19.
Por CC.AA, la más beneficiada de este reparto fue Andalucía, con 4,28 M€, seguido la Región de Murcia (casi 2,66 M€); Islas Canarias (986.341 euros); Cataluña (779.509 €); Comunidad Valenciana (661.200 euros); Galicia (640.247 euros); Islas Baleares (125.127 euros); Principado de Asturias (52.807 €); La Rioja (52.617 €); Extremadura (50.909 €); C.-La Mancha (49.342 €); C. y León (48.695 €); Cantabria (15.810 €). Aragón y Comunidad de Madrid se quedaron fuera del reparto.
Fue atendida en su totalidad una única solicitud de explotación prioritaria con titularidad compartida de flor corta y planta ornamental, con un importe de ayuda de 13.744 euros, mientras que el resto de solicitudes tuvieron un prorrateo del 79,05%, con un máximo de 20.000 euros por beneficiario.
Laboratorios oficiales
Por último, la Conferencia Sectorial aprobó también el procedimiento general para la designación de laboratorios de control oficial en los ámbitos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Este procedimiento establece el sistema para seleccionar aquellos centros que vayan a participar en las actividades de análisis de las muestras tomadas durante los controles oficiales y otras actividades oficiales recogidas en el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria.
Se garantiza así una homogeneidad en los registros generados y el trabajo coordinado en las actividades derivadas del control oficial a nivel nacional.
