El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd), ultima un nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que irá destinado a digitalizar la gestión del agua, incluida la destinada a los regadíos.
Ribera anuncia un PERTE para digitalizar la gestión del agua y modernizar los sistemas de riego
Así lo avanzó la ministra Teresa Ribera durante su intervención en la XII Edición del “Spain Investors Day”, añadiendo que el proyecto cuenta ya con unos 400 M€ de inversión pública previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente año 2022 y prevé que las inversiones alcancen en torno a los 3.000 millones de euros hasta 2026.
Según señaló Ribera, contamos en nuestro país España con un “preciado y delicado bien ambiental que es el agua. Debemos invertir para digitalizar toda la gestión de los recursos hídricos y de los usos del agua que se hacen a nivel industrial”.
Para la ministra, “un conocimiento exhaustivo e inmediato permitirá detectar una falta de eficiencia, una fuga o un problema de contaminación y eso es algo absolutamente clave para la una gestión correcta de este recurso escaso.”
El nuevo PERTE que ahora se propone está enmarcado dentro de los cuatro pilares fundamentales que se establecieron en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), junto con la transformación digital, la cohesión social y territorial, y la igualdad, sumándose al de la Economía Circular, que ultima también.
El objetivo del PERTE para digitalizar la gestión del agua es modernizar los sistemas de riego, tanto los urbanos, como los de regadío agrícola, así como aumentar la seguridad de las presas y de los embalses de nuestro territorio.
Teresa Ribera prevé que este nuevo PERTE pueda estar aprobado en el primer trimestre del presente año.
Más en concreto, el fin último es digitalizar completamente la gestión del agua en España, a través de un plan integral de formación en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación); la creación de un banco de datos compartido; la incorporación de técnicas de “Big data” para la gestión de los datos, así como de analítica avanzada para la planificación y toma de decisiones de gestión.
IVA reducido del 10%
Por otro lado, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) demandó este miércoles 12 de enero al Ministerio de Hacienda y Función Pública un IVA reducido del 10% para el suministro de energía al regadío, como soportan los suministros domésticos, después de que el Gobierno prorrogara las medidas fiscales para reducir la factura de la luz y de que la Unión Europea acordara flexibilizar la normativa sobre el IVA.
Para ello, Fenacore remitió una carta a la ministra, María Jesús Montero, en la que le explica que la fijación de un tipo reducido del 10% para el sector del regadío ayudaría a los agricultores a abaratar en un 30% su factura eléctrica, siempre y cuando la medida se acompañara de la posibilidad de contratar dos potencias eléctricas al año, como viene recogido en la Ley 16/2021 de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria.
En este sentido, los regantes lamentan que, si aún no pueden disfrutar de la doble potencia es por la inacción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd), a quien incumbe el desarrollo reglamentario de esta disposición, que ya se incluyó en la Ley de la Sequía de 2018 y en la enmienda aprobada en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
La Federación de Comunidades de Regantes sostiene que este ahorro vendría a suponer un “balón de oxígeno” para un sector asfixiado debido, entre otras causas, a las diferencias existentes entre los costes de producción y los precios de venta de los productos agrícolas, y que ocupa el segundo puesto en el ranking de los consumidores de energía en España, únicamente por detrás de ADIF.
El colectivo de regantes alega que la normativa europea permite aplicar el IVA reducido a los suministros eléctricos y pone, como ejemplo el precedente de los Consorcios de Bonifica en Italia (colectivos de riego similares a nuestras Comunidades de Regantes).
En la carta, los regantes destacan también que hoy en día una de las principales amenazas para el sector es el coste de la energía para los suministros eléctricos de bombeo de agua.
En este sentido, recuerdan que, hasta el año 2008, la mayoría de los usuarios de energía eléctrica se encontraban dentro de un sistema tarifario regulado, cuyo coste era asumible. Pero que a partir de ese año, en que cambió el sistema tarifario, los regantes han ido sufriendo incrementos en los costes de la energía, hasta el punto de que en el periodo 2008-2021 la factura se ha disparado más de un 120%, comprometiendo objetivos contraídos tanto por Agricultura, como por el Miterd. Y todo ello, a pesar de los esfuerzos ímprobos por modernizar los sistemas de riego, lo que ha permitido producir más alimentos usando menos agua y energía.
Para Andrés del Campo, presidente de Fenacore, “las Comunidades de Regantes son Corporaciones de Derecho Público que están sujetas al pago del IVA de sus suministros. Sin embargo, no pueden repercutirlo a sus comuneros, por lo que finalmente, el IVA pasa a ser un gasto que no pueden compensar y supone uno de los principales lastres para la competitividad del regadío, dificultando así el objetivo de seguir modernizando el casi millón de hectáreas aún pendientes”.
