Ricardo Serra defiende en Bruselas la renovación de la autorización para el glifosato
El presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, insta a la CE a aparcar los argumentos emocionales, a escuchar a las agencias europeas competentes y a desbloquear la renovación del glifosato apoyando su resolución en criterios exclusivamente científicos
Tal como ha expuesto el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, “la agricultura europea no puede prescindir del glifosato, un producto esencial para los agricultores, debido a su disponibilidad, su inocuidad y su buena relación calidad-precio”. Tanto en la agricultura convencional, como en prácticas de cultivo sostenibles como la producción integrada o la agricultura de conservación, el glifosato, dada su inocuidad, es sin lugar a dudas la materia activa más indicada, ya que evita multiplicar tratamientos o practicas mecánicas que conllevan mayor erosión del suelo, mayores emisiones de CO2, menor retención del agua en el suelo y riesgos de escorrentías e inundaciones.
El presidente de ASAJA-Sevilla, que es también miembro del Comité Económico y Social Europeo en representación de los agricultores, ha intervenido hoy en el pleno del CESE para dejar clara la “postura unánime de todos los agricultores europeos a favor del glifosato” y para “instar a la Comisión Europea a escuchar a las agencias europeas competentes y a desbloquear la renovación de esta materia activa apoyando su resolución en criterios exclusivamente científicos.”
El glifosato, autorizado en Europa desde los años 70, es el principio activo del herbicida más utilizado a nivel mundial y lleva más de 40 años en el mercado con miles de estudios y pruebas que aseguran que su actividad es segura. Aunque su empleo no se circunscribe al entorno agrario. Su uso está muy extendido en el mantenimiento de infraestructuras y redes de transporte. El 70% de las carreteras y vías férreas son tratadas con este herbicida para reducir la vegetación de las cunetas minimizando el riesgo de incendios y para aumentar el nivel de seguridad al evitar que las malas hierbas obstaculicen la visión de las señales de tráfico.
Si en los últimos años se había generado alguna duda sobre su inocuidad, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR), la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) y las autoridades de evaluación de Canadá, Japón, Australia o Nueva Zelanda se han encargado de despejarla.
Siendo importante esta unanimidad de las agencias científicas en su respaldo, a juicio del presidente de ASAJA-Sevilla “lo relevante y decisorio tanto para el CESE como para la Comisión Europea y los Gobiernos de los 27 es que las dos Agencias que tienen el máximo nivel de competencia sobre este asunto en la propia Unión Europea -la ECHA y la EFSA (el organismo europeo al que compete la evaluación de las sustancias activas)- han emitido sendos informes favorables y han concluido que la sustancia activa glifosato no es cancerígena, mutagénica o tóxica para la reproducción”.
Tal como sostuvo Serra en su intervención, la posición mayoritaria del sector agrario europeo se basa, además de en los criterios científicos, por si solos más que suficientes, en criterios medioambientales y como no, en criterios económicos y sociales, pues no debemos olvidar que la actividad agraria es una actividad empresarial.
El presidente de ASAJA-Sevilla puso de manifiesto los datos ofrecidos en un reciente estudio elaborado en España por una importante consultora internacional y extrapolable al resto de la Unión Europea que cifra las pérdidas económicas que sufriría España por la prohibición del uso del glifosato en 2.000 millones de euros anuales, a lo que habría que sumarle la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo. En otros países como Francia, Alemania o el Reino Unido, las estimaciones son muy similares.
Pero tal como recordó Serra la no renovación del glifosato no sólo afectaría a la agricultura. Otros sectores como el de los transportes y las infraestructuras también se verían severamente perjudicados. Serra trajo a colación un estudio de la Fundación Concorde, que cifra 30 millones de euros al año el coste que tiene para la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Francia la limpieza de vegetación de sus más de 61.000 kilómetros de vías férreas. Este gasto es absolutamente necesario por cuestiones obvias de seguridad. Si se prohibiera el uso de glifosato, el coste se multiplicaría por 17, alcanzando los 500 millones de euros, al no haber otro producto alternativo.
Por tanto, concluyó Serra, “dado que no hay ni una sola razón de peso para prohibir su uso, lo más sensato sería que ya, en la próxima reunión de octubre, las autoridades europeas desbloqueen este asunto y aprueben la renovación del glifosato para el periodo máximo que establece la legislación comunitaria.”
