La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, anunció en su comparecencia ayer en el Congreso que pretende "revisar y actualizar" antes de que acabe el año los "planes especiales" de gestión de la sequía, vigentes desde 2007 en las cuencas hidrográficas, incidiendo en la necesidad de adaptaciones y cambios en los protocolos de actuación dentro de dichos planes.
Tejerina anuncia en el Congreso que revisará este año los planes especiales de gestión de sequía
«Trabajamos para que antes de que finalice este año y conforme a lo establecido en los planes hidrológicos del real decreto de 2016 se revisen y actualicen los planes actualmente en vigor», subrayó.
Tejerina recordó ante la Comisión de Agricultura del Congreso que, en el marco de la política del agua, el Gobierno gestiona con esos programas las situaciones derivadas de la falta de lluvias, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental, económico y social, y mejorar la gestión «de escasez» en las diferentes zonas.
La regulación de esos planes clasifica las cuencas hidrológicas según su estado de «normalidad», «emergencia», «prealerta» y «alerta» y, en la actualidad, están en grado de «sequía hidrológica» oficial las del Duero, Júcar y Segura.
La ministra reconoció que, ante la repetición o «recurrencia» de situaciones climáticas actuales, hace falta una revisión de los planes y relacionó esta regulación con los debates abiertos dentro del Consejo Nacional del Agua y las consultas con las autonomías con el fin de buscar puntos de consenso sobre la gestión hídrica.
Esta discusión es más amplia, enmarcada dentro del Pacto Nacional del Agua, «el siguiente escalafón en la planificación», en la que figurarán no solo el déficit, sino actuaciones para gestionar problemas como el riesgo de inundaciones.
110 millones para avalar a agricultores por la sequía
Asimismo, según anaunció, el Gobierno ultima una nueva «línea» de apoyo a las explotaciones agrícolas afectadas por la sequía por 110 millones de euros, una «línea específica» que podría estar disponible la próxima semana y consiste en la subvención de avales para préstamos en producciones perjudicadas por la falta de lluvias: cereales, oleaginosas, lúpulo, uva, leguminosas, patata, apicultura o ganadería extensiva.
Esta medida se suma a una convocatoria similar que abrió el Ministerio por valor de 90 millones (40.000 euros por beneficiario) para costear avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca); hasta ahora se han utilizado 39 millones de esa partida.
Por tanto, según García Tejerina, el montante destinado a ayudas en forma de capital avalado ascenderá a 200 millones.
La reserva hidráulica nacional está en un 45 %, con el déficit más acusado en el Duero y en zonas que habitualmente tienen lluvias elevadas, como Galicia o el Cantábrico.
Desde el PSOE, Manuel Gabriel González apuntó que si la sequía es triste, «más triste es la inacción del Gobierno», tras destacar que las medidas se han centrado en la agricultura y se han dejado de lado problemas de abastecimiento de las poblaciones y los daños a la ganadería.
Pedro Arrojo (Unidos Podemos) pidió que la situación climática no sirva para construir embalses, porque a su juicio de cara a nuevas sequías sería «como regalar un monedero a un pobre», así como reforzar los seguros y una póliza específica para el regadío «de apoyo a pequeños y medianos agricultores».
El portavoz de Agricultura de Ciudadanos, Miguel Ángel Garaulet, destacó por su parte que «no se están haciendo bien las cosas» y que las confederaciones hidrográficas son el «vuelva usted mañana» para el regante.
Garaulet y Enric Bataller (Compromís), cuestió las declaraciones de la ministra sobre el sureste y le solicitó que reconozca que allí hay restricciones de riego. Finalmente, Xavier Eritja (ERC) reclamó una «gestión real» del problema.
