Tiempo no aprovechado, viento que ha pasado. Por Juan Antonio González

Informe de la Comisión sobre la reciprocidad para los productos agrarios importados: “Tiempo no aprovechado, viento que ha pasado”

Por Juan Antonio González, presidente del Consejo sectorial Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Hace un año, al final de la negociación de la reforma de la PAC 2023, se discutió, a iniciativa del Parlamento Europeo, sobre la necesidad de imponer a los productos agroalimentarios importados desde terceros países las mismas condiciones medioambientales y sanitarias que aplican a los productos europeos.

La Unión Europea puso, por fin, el foco en una demanda histórica del sector hortofrutícola, ahora secundada por varios Estados miembros, como España o Francia. La enmienda sometida a debate por el Parlamento Europeo en el marco de los Trílogos, decía, simple y llanamente que:

“Los productos agrícolas y agroalimentarios solo podrán importarse desde terceros países si cumplen normas de producción y requerimientos coherentes con los adoptados, en particular en el ámbito de la protección del medio ambiente y la salud, para los mismos productos cosechados en la Unión”

Desgraciadamente, la enmienda no prosperó, pero su discusión provocó una declaración institucional, en la que Parlamento Europeo y el Consejo encomendaron a la Comisión la elaboración de un “Estudio sobre la viabilidad jurídica de la aplicación de las normas de salud y medio ambiente de la Unión Europea a los productos agrícolas y agroalimentarios importados”- que debería publicarse a más tardar, en junio 2022.

Un informe horizontal, no específico de frutas y hortalizas, pero que ha despertado un interés particular para este sector, quien ha denunciado durante años la pérdida de competitividad de los productores comunitarios en el mercado de la UE, al tener que competir en desigualdad de condiciones con los productos procedentes de países mucho menos exigentes en términos de sostenibilidad o de requisitos sociales o sanitarios y muy favorecidos por la política comercial de la UE.

El informe de la Comisión ha tardado un año en escribirse (¡la Comisión ha apurado los plazos!) Y, dos años desde la publicación de la Estrategia “De la Granja a la Mesa”, donde la UE ya marcó el objetivo de la “Transición global”, refiriéndose a la necesidad de que las exigencias de sostenibilidad hacia la producción europea debían aplicarse también a nivel mundial.

Después de tanto tiempo y analizado el documento, tengo la impresión de que se está desaprovechando un momento y una oportunidad históricos y… ya se sabe que “Tiempo no aprovechado, viento que ha pasado”.

¿Se han cumplido las expectativas?

Personalmente, creo que no. Después de tanta espera, aspirábamos a mucho más. Por supuesto, este informe es un paso histórico y alentador. Como lo es que el Consejo, por lo menos durante los seis meses que ha durado la Presidencia francesa, haya acuñado el término “cláusulas espejo” y lo haya situado como centro de la agenda política.

No olvidemos que, durante décadas, esta reivindicación legítima del sector hortofrutícola -el principio de reciprocidad- ha sido proscrita para las instituciones comunitarias: “no podemos decir a un tercer país lo que puede hacer en su casa”; “tenéis que defender vuestra posición en el mercado de la UE, diferenciándoos por la mejor calidad de los procesos y productos europeos”…etc., eso es lo que escuchábamos.

Mientras, año tras año, la competencia en nuestro mercado natural (regido sobre todo por el factor precio) se recrudecía. Ahora parecía que las tornas han cambiado. Un giro que -colateralmente- defendería al productor comunitario de la competencia desleal, buscando otro objetivo: el medioambiental.

Se busca que el esfuerzo unilateral de la UE para mejorar la sostenibilidad de su sistema alimentario y hacer frente a las preocupaciones medioambientales mundiales o las expectativas de los ciudadanos, tenga sentido, porque el resto de países, con los que compartimos Planeta, hacen lo mismo.

 El objetivo teórico de la UE nos complace, pero no así la estrategia para llevarlo a la práctica: en el informe de la Comisión, falta velocidad y firmeza. Especialmente, si lo comparamos con el ritmo y la contundencia con la que las obligaciones medioambientales se imponen hacia dentro de la UE.

Comparemos.

¿Qué hemos obtenido en estos dos años, desde que se enunció el objetivo de la “transición global”,   en el marco de la Estrategia “De la Granja a la Mesa”? Sólo un informe de la Comisión de escasamente 26 páginas, que recogen las medidas consideradas viables para extender las condiciones medioambientales y sanitarias de la UE al producto importado. Pero éstas no consisten en medidas concretas, tangibles y novedosas, sino solo en la recopilación de las actuaciones actualmente ya en curso.

El documento contiene buenas palabras y propósitos de la UE para tratar de mejorar la colaboración y el compromiso multilateral o bilateral con sus socios hasta, idealmente, desarrollar y aplicar normas comunes bilateral y/o internacionalmente.

Todo ello, reconociendo la limitación que supone la inexistencia de un foro internacional específico o un convenio marco dedicado a normas medioambientales y de sostenibilidad y, por tanto, apoyándose en acciones bastante etéreas: “diálogos estratégicos”; “agendas comunes”; “esfuerzos conjuntos”; “directrices, declaraciones o recomendaciones”; “debates estructurados” o “conversaciones exploratorias”; la creación de “grupos de expertos” o ampliación del ámbito de los existentes con el fin de  “colaborar”, “apoyar”, “aunar”, “vincular esfuerzos”.

Reconozco y agradezco todas las declaraciones de intenciones de la Comisión y algunas iniciativas que ya están planteadas, dirigidas a promover la aplicación de normas sanitarias y medioambientales a nivel mundial. Algo impensable hace un par de años. Pero lamento que, unas y otras, estén enunciadas con escaso grado de concreción, sin un plazo temporal definido y sin objetivos cuantificables.

Si a esa falta de determinación de nuestros representantes comunitarios, unimos las reticencias políticas de muchos de nuestros países socios (dentro y fuera de la Unión), las contradicciones de nuestra sociedad (que pide más sostenibilidad en las urnas, pero no parece querer pagarla en el súper) y -sobre todo- las dificultades propias de los debates y discusiones en los foros internacionales, tememos que los resultados van a tardar demasiado en llegar.

Y eso, si llegan, dado que las dificultades para alcanzar acuerdos multilaterales parece que no harán sino crecer, teniendo en cuenta el declive que experimentan las normas y las instituciones de gobernanza de la globalización actualmente y los enfrentamientos geopolíticos, que deja menos ámbito de actuación a la cooperación o al papel de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Quizá por ello, celosamente, el informe reitera una y otra vez que las normas de la OMC dejan poco margen para las acciones autónomas de la UE. Parece decir  “lo que se podría hacer ya se está haciendo”. No propone, como cabría esperar, iniciativas concretas que podrían notificarse a esa organización para explorar el margen de la UE a tomar medidas relativas a los métodos de producción de los productos importados.

De la otra parte, en esos mismos dos años ¿qué ha pasado con el marco normativo comunitario que aplica a los productores europeos? La Comisión ha marcado metas cuantificadas, plazos cuantificados, consecución de objetivos medibles y cuantificados.  Por ejemplo, para 2030: “reducción de uso de fitosanitarios en un 50%”; “que la producción ecológica alcance el 25 % del uso de las tierras agrícolas de la UE”). Todo ello se está acabando de plasmar en una batería profusa de reglamentos comunitarios que la Comisión está promulgando a velocidad de vértigo y coincidiendo con el despliegue de la nueva PAC, la cual, también, a su vez, se ha reverdecido para incorporar nuevas obligaciones y restricciones para los productores europeos.

Este acervo normativo dentro de la UE se ha materializado, sin esperar a estudios de impacto o ignorando o desdeñando los pocos existentes. Por ejemplo, el  Informe JRC -promovido por la propia Comisión- de agosto 2021, que señala las siguientes consecuencias de la Estrategia “De la Granja a la Mesa” si no se cumple el principio de reciprocidad: caída de rendimientos; aumento de costes por encima del de los precios; reducción de ingresos netos; pérdida de competitividad; empeoramiento de la balanza comercial; fuga de producción y de contaminación hacia países no UE, que conllevará que la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), lograda en la UE, se neutralizará por el incremento de emisiones en terceros países…!!.

Este despliegue de normativas tampoco tiene en cuenta los efectos -sobre el sector y el consumidor- de las dos crisis sin precedentes que estamos viviendo -la pandemia por COVID-19 y de la invasión de Ucrania por Rusia- y que han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la UE por su dependencia en el exterior para cubrir sus necesidades en bienes básicos.

La asimetría que describo es difícil de encajar para nosotros, los productores europeos. De puertas adentro:  objetivos numéricos, que tampoco han tenido en cuenta el esfuerzo ímprobo del sector (especialmente del hortofrutícola) en las décadas anteriores, en términos de reducción de fitosanitarios, mejora en la gestión del agua, evolución de los medios de lucha biológica, producción integrada o ecológica….

De puertas afuera: una aspiración teórica hacia el ideal de alcanzar un consenso mundial sobre la necesidad de actuar y desarrollar normas a nivel internacional, pero sabiendo de las lagunas y las trabas de los foros que las deberían promulgar.

Este desfase en la intensidad de las actuaciones que la UE programa para los próximos años nos hace temer que toda esta iniciativa a favor de las “clausulas espejo”, quede en papel mojado o que -en el mejor de los casos- culmine demasiado tarde.

Si es así, no servirá para parar el debilitamiento de nuestro tejido productivo; para mitigar el riesgo de deslocalización de la actividad agraria hacia países más permisivos y, por ende, más competitivos; para revertir la pérdida de cuota en el mercado comunitario de nuestras producciones frente a las importaciones; para frenar el retroceso del modelo de explotación familiar amenazado por la carrera hacia la competitividad  vía precio; para acabar con la hipocresía de mirar con lupa el made in EU, pero consumir sin remilgo todo lo que viene de fuera, porque es barato.

Por todo ello, por la falta de programación clara de medidas concretas, el informe no cumple nuestras expectativas.

¿Qué hubiéramos esperado?

La famosa y valiente enmienda del Parlamento Europeo que citaba en la introducción, y que fue secundada por el Gobierno de España, entre otros, decía simple y llanamente lo que queríamos oír. ¡Ese enunciado dista demasiado del intangible informe de la Comisión que lo ha sustituido un año después!

Esperábamos un plan de acción, que permitiera que todos los esfuerzos que se nos exigen a los agricultores europeos y que asumimos responsablemente para que nuestro sistema alimentario sea “justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente” se apliquen en el mismo momento y con la misma intensidad y garantías en los terceros países.

Primero, para que esos esfuerzos tengan el efecto esperado sobre la lucha contra el cambio climático y la degradación medioambiental y la protección de la biodiversidad, a nivel mundial, puesto que la UE por sí sola no logrará ningún éxito sobre todas estas amenazas, que son mundiales y no conocen fronteras. Segundo, insisto, para salvaguardar nuestro tejido productivo europeo y librarlo de la competencia desleal.

Hubiéramos esperado que la Comisión, dentro de su programa de elaboración de reglamentos que emanan de la Estrategia “De la Granja a la Mesa”, se hubiera comprometido a culminar para el 2030, por ejemplo, las actuaciones que enumeramos a continuación.

Esperamos que el Ministerio de Agricultura, adalid del principio de reciprocidad en el Consejo Europeo, consiga materializarlas en un plazo no demasiado largo,  quizá, en el marco de la Presidencia de la UE, que ocupará en el segundo semestre de 2023.

Algunas propuestas concretas para llevar a la práctica el

Principio de reciprocidad en el sector de las Frutas y Hortalizas

• Examen de los LMR de importación en vigor, para derogar de aquí a 2030 estas tolerancias (a un ritmo y en un plazo pautado), prohibiendo el uso de sustancias plaguicidas que no esté autorizadas en la UE sobre cualquier producto hortofrutícola importado dentro del mercado comunitario, cuando ese cultivo exista en la Unión.

• La inclusión de un capítulo específico sobre comercio y desarrollo sostenible y el Acuerdo de París en los Acuerdos Comerciales ya suscritos por la UE. No es suficiente con aplicar esa condición solo a los nuevos acuerdos, puesto que los principales exportadores a la UE en el sector de las frutas y hortalizas, ya gozan de condiciones preferenciales y compiten en superioridad de condiciones con la UE.

• Un plan de acción específico de apoyo diferencial para aquellos sectores que -como el de las frutas y hortalizas – empeorarán su balanza comercial como consecuencia de la Revisión de la política comercial de la UE anunciada en febrero 2021.

• Establecimiento de legislación comunitaria de aplicación a las importaciones de frutas y hortalizas, no solo sobre el producto final, sino en materia de sostenibilidad  de los métodos de producción (p.e: restricciones al uso de fitosanitarios y del agua equivalentes a las establecidas en la UE) cuyo cumplimiento deberá reflejarse como una declaración en el certificado de exportación (a imagen de lo ya exigido por la UE en materia de bienestar animal) y verificarse en origen.

• Análogamente, establecimiento de condiciones para vigilar la sostenibilidad social de las importaciones, garantizando que las condiciones de los trabajadores en los sistemas de producción de los países importadores son acordes con los acuerdos multilaterales en materia laboral.

• Mejora, refuerzo y armonización de los sistemas de control en frontera que verifiquen la conformidad con las normas sanitarias y fitosanitarias por parte de los productos finales que entran en la UE desde terceros países y actúen suspendiendo las importaciones inmediatamente en casos de incumplimiento; y establecimiento de sistemas de verificación de la sostenibilidad de los métodos de producción en origen basado en visitas en origen con personal de la UE.

• Propuesta de reglamento de etiquetado de los productos hortofrutícolas importados, que reflejen los métodos de producción y si éstos son conformes o no a las normas de la Unión. Mientras que no se consiga la plena equiparación de las condiciones de producción, se trataría de divulgar hacia el consumidor europeo, a través del etiquetado y de campañas de información, las condiciones de producción de los productos que compran y sus implicaciones, con el objetivo de reducir al mínimo el consumo de productos procedentes de cadenas de producción no conformes con los estándares europeos. (Una referencia podría ser las antiguas  “Campañas de información al consumidor sobre el sello CE en juguetes” que acreditaba que el producto cumplía con todas las normas de seguridad de la UE aplicables y advertían de los riesgos del que no lo cumple).