Castilla-La Mancha pide un nuevo acuerdo en trasvases tras la anulación de artículos del Plan Hidrológico del Tajo
El Tribunal Supremo (ver sentencia abajo) ha anulado varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo por no fijar los caudales ecológicos en varios tramos del río, un fallo que aplaudieron ecologistas, municipios afectados y Castilla-La Mancha, que aboga por alcanzar un nuevo acuerdo en materia de trasvases.
El recurso, que ha sido estimado parcialmente por el alto tribunal, fue interpuesto en 2016 por varias asociaciones vecinales y de municipios afectados por el trasvase. La Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina (Toledo), una de las denunciantes, está convencida de que esta decisión judicial deja el trasvase Tajo Segura «prácticamente liquidado», según declaró este sábado su portavoz, Miguel Ángel Sánchez.
La sentencia obliga a fijar caudales ecológicos – el volumen mínimo de agua necesario para evitar la degradación ambiental del curso de agua del río, su cauce y su ribera– en Aranjuez (Madrid), en Toledo y en Talavera de la Reina (zonas de cabecera del río) que no estaban fijados en el Plan Hidrológico, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016, lo cual modificará inevitablemente el volumen de agua a trasvasar.
Greenpeace considera esta sentencia «histórica» y un espaldarazo a las reivindicaciones que durante años han hecho las asociaciones ecologistas, ya que no fijar estos caudales ha creado una situación de «desastre» para el ecosistema del río, que «se está muriendo, declaró a Efe el responsable de la campaña de Agua de Greenpeace, Julio Barea.
La Confederación Hidrográfica del Tajo deberá presentar un nuevo plan adaptado a estos nuevos caudales ecológicos, que ahora mismo «no está cumpliendo», añadió.
El portavoz del área de aguas de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, estaba convencido de que la Justicia daría la razón a los afectados, porque el Plan Hidrológico del Tajo no cumplía con la propia normativa española ni la Directiva Marco del Agua europea. «Los caudales mínimos fijados en el texto eran ridículos, contravenían las leyes y eran insuficientes para el mantenimiento de los ecosistemas del río», según el ecologista.
Según el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el fallo «pone patas arriba la política de agua de Rajoy y Cospedal» y obliga a rehacerla, en particular en relación a los trasvases. Page abogó por «alcanzar un gran acuerdo» en materia de agua que, a su juicio, no debe ser «ficticio, sino un acuerdo real». Ese gran acuerdo hídrico «es buscado y defendido» por el PSOE, tanto en el centro de España como en el Levante español, según el dirigente socialista.
El presidente valenciano, Ximo Puig, aseguró que «siempre va a estar al lado» de los regantes de la Comunidad Valenciana, especialmente, de los de la provincia de Alicante.
Puig afirmó que «un ejercicio de confrontación» no lleva a ningún sitio, por lo que ha pedido que no cuenten con el Gobierno valenciano para hacer confrontación respecto al trasvase Tajo-Segura.
Fuentes del MITECO señalaron que el Gobierno acatará la sentencia del Tribunal Supremo, un texto que, a su juicio, confirma que la nueva política del agua del Gobierno «va en dirección correcta».
Por su parte, para el secretario general de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “con todos los respetos a la Sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Hidrológico del río Tajo, sobre volúmenes de caudales ambientales, dicha sentencia no puede condicionar ni limitar la continuidad del acueducto Tajo-Segura. El caudal ambiental del Tajo, está garantizado con los volúmenes actuales, pero el río tiene problemas de calidad de sus aguas por los vertidos de aguas residuales sin depurar o deficientemente depuradas”.“Es necesario mantener el caudal mínimo ambiental de los ríos, pero es algo que no ocurre en todo el trayecto del cauce del río Segura. Si la Sentencia del Tribunal Supremo tiene consecuencias sobre la normativa aplicable a los trasvases hacia la Cuenca del Segura, para reducirlos”, apunta Gálvez Caravaca.“Es de extrema urgencia, que el Estado encuentre soluciones a través de un Plan Hidrológico Nacional, que contemple nuevos trasvases para aumentar las aportaciones a la cabecera del Río Tajo y atender las demandas de agua de las dos cuencas hidrográficas españolas. El Estado aprobó crear regadíos con la construcción del acueducto para generar riqueza y prosperidad económica en el Sureste Español y ahora debe garantizar su continuidad. Es responsabilidad de los partidos políticos españoles dar soluciones definitivas para atender todos los usos necesarios y sostenibles del agua en España”, señala.
Texto adjunto: Sentencia TS, de 11 de marzo de 2019: sentencia plan hidrológico Tajo
