José Manuel de Las Heras. Coordinador de Unión de Uniones
El Uber de la agricultura y los desequilibrios en el mercado
José Manuel de Las Heras. Coordinador de Unión de Uniones
No es ajeno a nadie el problema que vive el sector del taxi con la llegada de Uber y Cabify. Muchos piensan que se trata de competencia desleal, otros que la libertad del mercado y el consumidor prima por encima de todo, y se puede pensar que se trata de un vacío legal en relación con una situación nueva para el sector. Lo que es un hecho es que unos y otros no actúan bajo las mismas reglas, y esto provoca un desequilibrio. Las multinacionales extranjeras implantan sus modelos de negocio, superponiéndose a un mercado regulado, pero en ocasiones no pagan las mismas licencias, impuestos, ni tienen que cumplir los mismos requisitos de cara al usuario o consumidor.
Pero, señores, esto no es nuevo, ni concierne sólo al sector del transporte de pasajeros. Los agricultores nos llevamos enfrentando muchos años a estas desventajas similares respecto a productos que vienen del exterior. No hace tanto, con la creación de la Comunidad Económica Europea se establecía un principio de preferencia comunitaria, que protegía los productos de los países integrantes de la misma. Desde entonces, se han ido aceptando excepciones y firmando acuerdos con países extracomunitarios, facilitándoles la entrada a nuestros mercados. Y es lo de siempre.
El concepto de globalización tiene connotaciones positivas, pero ¿y la deslocalización? Hemos perdido gran parte de nuestra industria nacional por este motivo. Acuérdense de lo ocurrido con el textil, el calzado, astilleros, etc. Muchas empresas productoras han decidido llevar su producción fuera, a cambio de menos impuestos y una mano de obra barata. Los productores agrarios y ganaderos normales no nos deslocalizamos y no podemos competir con los salarios que se pagan en el norte de África o en Sudamérica.
Ni que decir tiene, que los controles fitosanitarios y veterinarios son muy severos, con el fin de proteger al consumidor, y proporcionar una alimentación de buena calidad a toda la población; pero estas normativas en el exterior son infinitamente más laxas. Lo mismo ocurre con las normativas de protección al medio ambiente, tratamiento de residuos, impacto medioambiental de la actividad, etc…
Por todo esto, a los productores del sector primario, nos es casi imposible competir con los productos que vienen del exterior. Si permitimos que los productos del exterior entren en nuestro mercado, es lícito que sea con las mismas reglas, impuestos, precios y exigencias. Y es que queremos globalizar el mercado, pero no los derechos de los trabajadores, ni las obligaciones de los productores.
La deslocalización de la producción, y el modelo económico que se impone en la actualidad provoca situaciones de desequilibrio y dificultan que el productor nacional, sometido a numerosas restricciones y normativas, compita con el producto exterior. Esto nos lleva a situaciones curiosas, porque el taxista que se está manifestando hoy, no podemos descartar que cuando vaya al supermercado, seguramente en el lineal de fruta, comparará los precios de las naranjas, y finalmente se decantará por unas naranjas sudafricanas o unos espárragos chilenos, porque son más baratos.
Cuando decida cambiar su coche, probablemente comprará un Toyota, cuyos beneficios en modo de empleo para su fabricación y valor añadido, irán directos a Japón. Y los tomates con los que se haga el desayuno podrían ser de Marruecos. Los cientos de miles de ciudadanos que hacen esto cada día lo harán inconscientemente, y es que no
tomamos conciencia hasta que no nos tocan el bolsillo, y al final cada uno se fija en el propio.
No queremos ofender a nadie. Es normal que el consumidor, que en estos tiempos por lo general no anda muy sobrado para llenar el carro de la compra, se decante por el producto más barato, sin más; pero estos precios vienen determinados en muchos casos por una situación de desigualdad, en la que los agricultores españoles estamos en gran desventaja respecto a los de terceros países.
Si nuestros políticos aprueban leyes que nos obligan a aceptar productos exteriores, sería necesario valorar primero las consecuencias de esas políticas en el conjunto de la sociedad, y de ser así, lo justo sería que entraran cumpliendo con las mismas reglas del juego.
