Tomás García Azcárate. Subdirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Nacional de Investigación de España
Unas propuestas sobre las políticas públicas para avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles. Por Tomás García Azcárate
Tomás García Azcárate. Subdirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Nacional de Investigación de España
El 3 de junio pasado, tuve el honor de ser invitado por nuestro Ministerio a participar en el segundo dialogo preparatorio de la Cumbre Mundial 2021 sobre los Sistemas Alimentarios. Al final de la jornada, Samuel Juárez hizo un excelente resumen de urgencia. Visto la calidad de los participantes, el interés de las preguntas hechas por la audiencia y la urgencia con la que lo hizo, algunas de las ideas para mí importantes que intenté transmitir no pudieron ser plenamente integradas en este resumen. Así que me permito en este artículo recoger el contenido de mi intervención, de los 5 minutos que me dieron para realizarla, para así contribuir lo más eficazmente posible a este gran reto de la humanidad.
No es verdad que la Tierra está en peligro. A la Tierra, como se ha claramente demostrado durante el confinamiento, a la naturaleza, le va muy bien sin nosotros. Lo que está en juego es la presencia de la especie humana sobre nuestro cada vez más pequeño planeta.
Las palabras (aunque estén grabadas) se las lleva el viento, lo escrito perdura más. No hay buenos vientos para el marino que no sabe a dónde se dirige. Para mí está claro: una alimentación sostenible para todos. El camino lo marcan las estrategias europeas “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad”. Es verdad que los objetivos cifrados propuestos por éstas son discutibles, que no han sido objeto de un análisis de impacto, pero las dudas razonadas y razonables que pudiéramos tener al respecto no deben enturbiar la convicción de que este es el camino.
La necesaria transición ecológica requiere de la adhesión activa del conjunto de la sociedad. Las políticas públicas deben impulsar la adhesión del conjunto de los actores de la cadena alimentaria a la transición agro-ecológica. Para ello, el punto de partida debe ser que no hay sostenibilidad sin rentabilidad.
Para ello, los incentivos públicos deben contribuir a consolidar una cadena alimentaria creadora de valor y un justo reparto de dicho valor entre sus actores. Estamos hablando, obviamente, de la Ley de la cadena, pero también del apoyo a las organizaciones comerciales de productores y a las interprofesiones, de un apoyo prioritario a las iniciativas vertebradoras de la cadena y a aquellos actores que en ellas participan.
Es verdad, como ha dicho el ministro, que el sector agroalimentario español está yendo bien y que nuestro excedente de la balanza comercial está alcanzando los 19.600 millones de euros. Pero la pregunta es por qué las cosas no van tan bien para muchos agricultores y trabajadores del campo.
No hay dinero para todos y para todo. Las políticas públicas deben apoyar preferentemente a la agricultura familiar, de dimensiones humana. Esta es la que más contribuye a unos pueblos y medio rural vivos. Me preguntarán: ¿qué es una agricultura familiar? Para mí la respuesta no está ligada a un tamaño concreto, es aquella cuyas decisiones se toman en torno a la mesa de la cocina y no la de un consejo de administración.
Deben apoyar nuevas iniciativas que acercan el campo a la ciudad, como son la agricultura agroecológica, los circuitos cortos comerciales y físicos, las ventas directas, los mercados campesinos, los productos de temporada y km 0… todas ellas forman parte de la solución, de la respuesta y pueden ayudar a muchos agricultores para que encuentren un camino hacia el mercado.
El desarrollo sostenible tiene cuatro, y no tres, patas. A las tres patas de la sostenibilidad económica, social y medioambiental hay que sumarle una cuarta, la de una correcta gobernanza. La magnitud de los cambios necesarios requiere de un gran diálogo social para construir un gran consenso sobre una alimentación, unos territorios, unos agricultores y ganaderos, unos trabajadores del campo, de la industria y de la distribución, unas industrias alimentarias, unos distribuidores, todos ellos sostenibles.
Tiempos ganaderos convulsos
Dado que en la mesa redonda en donde he tenido el honor de ser llamado a participar estaban Esperanza Orellana y Ramón Armengol, aproveché para apuntalar unos temas relativos a la ganadería. Vamos hacia tiempos convulsos. La producción española no para de aumentar en un momento en que, como señala la Comisión Europea en sus perspectivas a medio y largo plazo de los mercados agrarios, la demanda interna está disminuyendo y la producción china ha empezado a recuperarse.
Debemos apoyar a la ganadería extensiva y promover una ganadería de precisión, compatible con el territorio, los recursos disponibles, en particular el agua y el medio ambiente, sin que los incentivos que se puedan prever inflen una burbuja ganadera que sabemos que va a reventar más pronto que tarde.
No hay transición sin justicia social
Un último apunte. La transición ecológica debe ser accesible a todos.
Cada medida tomada individualmente tiene sentido: una fiscalidad verde es necesaria; hay que retirar los vehículos más viejos del mercado y limitar su acceso a las ciudades; la subvención fiscal al carburante diésel debe desaparecer; hay que fomentar el vehículo eléctrico; la movilidad urbana debe dejar de depender del coche particular; las autopistas deben ser pagadas por quien las utiliza; los alimentos deben tener su justo precio internalizando el total de sus costes, incluso los sociales y medioambientales… pero todo esto acumula su impacto sobre la renta disponible de los más frágiles de nuestros ciudadanos.
El punto de partida de la Convención ciudadana que, en Francia, ha abordado el tema de la sostenibilidad ha sido que las primeras medidas propuestas por el Gobierno galo, por justificadas y necesarias que pudieran ser, tenían un impacto tres veces mayor en aquellos ciudadanos con rentas bajas con respecto a los de rentas altas. De esta realidad surgieron los chalecos amarillos.
El tema desborda con creces al ámbito del sistema alimentario y, por supuesto, los conocimientos de este investigador. No sé si se debe abordar mediante una reforma fiscal, una renta mínima vital universal u otro mecanismo. Estoy caminando por uno de los senderos donde mi ignorancia es tremenda. Lo único que sé con toda claridad es que sin justicia social no habrá transición ecológica.
