En coincidencia con la tramitación parlamentaria en España de la revisión de la Ley de la Cadena, Unión de Uniones ha analizado el proyecto de ley presentado este mes de abril en la Asamblea Francesa para modificar su Ley EGALIM de equilibrio de las relaciones comerciales agroalimentarias y constata y critica la gran diferencia que existe entre "la posición inmovilista del Gobierno español y la voluntad de ir más allá del Gobierno francés para proteger la remuneración de los agricultores."
Unión de Uniones resalta la ambición de Francia en la reforma de su Ley de la cadena alimentaria
La organización agraria Unión de Uniones se hace eco de que este mes de abril el diputado Besson-Moreau ha impulsado en la Asamblea Nacional un proyecto -“Visant à proteger la rémunération des agriculteurs” – para modificar la Ley EGALIM a partir del informe realizado de evaluación de la norma y, sobre todo, de las propuestas de mejora contenidas en el estudio encargado por los ministerios galos de Agricultura y de Economía.
Estas recomendaciones y propuestas fueron bien recibidas por Gobierno francés y se han trasladado en buena parte al proyecto de Ley que se debatirá en los próximos meses, con vistas a su entrada en vigor en los dos primeros meses del próximo año.
Así, según ha podido analizar Unión de Uniones, el proyecto francés propone hacer obligatorios los contratos plurianuales por tres años, entre el productor y el primer comprador, con precios referidos a los indicadores que ya son obligatorios en la vigente ley.
También establecería que en los acuerdos de una negociación comercial entre un proveedor de productos alimenticios y su comprador debe incluirse información sobre el precio de la materia prima agrícola de la composición y su carácter no negociable.
De la misma forma, un sistema más garantista para la mediación en la resolución de conflictos y el que la publicidad de las operaciones promocionales quede supeditada a la autorización de la autoridad competente, complementan el proyecto de Ley, junto con el etiquetado obligatorio de origen para productos agrarios y alimentarios cuyas propiedades estén ligadas a su procedencia, por una cuestión de “patriotismo agrícola”.
Para Unión de Uniones «es frustrante la gran diferencia entre la ambición francesa para regular su cadena alimentaria y la resistencia del Gobierno español a ir más allá en el actual proceso de reforma de la Ley española.»
“Tanto el Ministerio, como el Grupo Socialista en el Congreso, están siendo impermeables a las propuestas de enmienda a la Ley que se han presentado por la organización, pero también por el resto de fuerzas políticas, incluido su partido socio en el Gobierno”, señalan desde Unión de Uniones, añadiendo que “no quieren introducir índices oficiales de costes de producción, ni la definición de posición de dominio o de dependencia económica y también rechazan incluir en la ley la reventa a pérdidas”.
Unión de Uniones, insta a los Grupos Parlamentarios en el Congreso a que sigan el ejemplo francés y acometan una verdadera reforma de la Ley que permita avanzar realmente en el objetivo de fortalecer al sector productor y de un reparto equilibrado del valor añadido generado en la cadena.
