La organización agraria UPA, a través de su Fundación de Estudios Rurales, presentó ayer el Anuario de la Agricultura Familiar 2020 más atípico en sus veintiséis ediciones de historia. Sin embargo, el diseño mixto del acto, presencial y online, ha supuesto una gran oportunidad de introducir las demandas del campo en las pantallas de toda la sociedad.
UPA presenta su Anuario de la Agricultura Familiar 2020
“Parece que hace mucho tiempo, pero cuando el Covid-19 cambió nuestras vidas, en nuestro país estábamos inmersos en una protesta unánime que sacó a todos los agricultores y ganaderos a las calles de nuestro país”, comenzó su intervención la vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, en relación a las movilizaciones de Agricultores al Límite que se celebraron al comienzo de este año.
La demanda de precios justos para sus productos fue el principal tema de debate durante el acto. Sobre ello, hablaron extendidamente los participantes de la mesa redonda, Eduardo Moyano, investigador de Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Víctor Martín, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid; Roberto García, director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, y Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA.
Los ponentes explicaron a presentes e internautas la importancia de ciertos sectores que, si bien parecen menores por su cuantía en el PIB, se muestras esenciales en momentos de crisis. Y en este punto, “no vale todo”. La agricultura familiar ya ha demostrado que en cuanto a factores cualitativos tiene más que ofrecer que otros modelos agrícolas; por su protección de los recursos naturales, su vertebración del territorio, las garantías que aporta a la seguridad alimentaria y muchas otras cuestiones en las que la agricultura y ganadería familiares son el máximo baluarte.
Durante la clausura del acto, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, y Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, exigieron un reequilibrio de la cadena agroalimentaria, pusieron en valor la Ley que la regula y alzaron la voz contra los pocos, pero lamentables, casos de irregularidades entre los trabajadores temporeros de las explotaciones, que también han saltado a la opinión pública estos días.
La pelota fue recogida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que dedicó gran parte de su discurso a apoyar las reivindicaciones de precios justos de los agricultores y ganaderos, así como a garantizar que la Ley se cumplirá, ya que “el cumplimiento de la ley no es una opción, es una obligación”.
Como retos del sector a medio y largo plazo, Planas señaló el reequilibrio de la cadena de valor, la mejora de la rentabilidad de las explotaciones, la transformación digital, el equilibrio territorial y reto demográfico y una mayor reciprocidad en los acuerdos comerciales con países terceros.
Frente a estos retos, Planas mostró la disposición del Gobierno a dirigir y acompañar al sector hacia un modelo más inteligente, sostenible, resistente y equilibrado, para lo que serán fundamentales la PAC, la modificación de la ley de la Cadena Alimentaria y la dinamización del medio rural.
El ministro destacó la celebración de un debate con las comunidades autónomas, el próximo 23 de julio, para abordar cuestiones como la ayuda básica a la renta, los ecoesquemas o la definición de quién debe ser perceptor de las ayudas.
Planas aseguró que el Gobierno de España comparte la idea de que el futuro de la agricultura debe ser sostenible, en su triple vertiente económica, social y medioambiental, para lo que es necesario contar con recursos suficientes.
