Dos años seguidos de grandes desequilibrios entre producción y mercado en España, curiosamente de sentido contrario, son una muy buena lección de la que aprender para el futuro. Mirándolo desde 2015, nuestras cosechas, por mucho que hayan cambiado las normas y las subvenciones UE, no pueden ser ni tan cortas como la de 2012 que fuercen una extraordinaria subida de precios hasta sacar del mercado muchos de nuestros vinos, ni tan largas como la de 2013 que, al final, haya que malvender en parte, con deterioro de ingresos, márgenes e imagen.
Por una viticultura en equilibrio y rentable
Rafael del Rey. Director General, Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv).
Como muestran las cifras de producción de vinos y mostos en España (incluyendo importaciones), tras siete años de gran estabilidad sobre una media de 40 millones de hectolitros, 2012 bajó a los 37,7 millones (con importación de vinos de fuera algo superiores a lo normal) y al año siguiente nos fuimos hasta superar los 53 millones.
La sensación de escasez en agosto-septiembre de 2012, influida por la falta de trasparencia en los mercados y la poca información sobre estimación de cosecha, generó una subida de precios extraordinaria, cuyos efectos se dejaron notar a lo largo de todo el año siguiente, 2013. Una subida de precios por prever muy poca producción cuando, al final, el dato no fue tan bajo como se anticipaba. Pero el mal ya estaba hecho y el efecto sobre las ventas en la alimentación nacional y sobre las exportaciones de los vinos más económicos fue grande.
Para, al año siguiente, ocurrir justo lo contrario: cosechón récord en España, cercano a los 53 millones de hectolitros, que presentaba serias dudas sobre cómo podría venderse a lo largo de la campaña. Podía producirse y se produjo mucho mosto; se destiló bastante más de lo que se venía haciendo en años anteriores, podía destinarse algo más a subproductos y usos industriales; pero, al final, si el consumo dentro de España no iba a remontar por tener más cosecha, o se convencía a las Administraciones para que apoyaran una destilación de crisis o se forzaban unas ventas de última hora a bajos precios, hacia clientes que nos esperaban con grandes reticencias.
Y la Administración no se dejó convencer. Y no sólo se decidió que no habría destilación de crisis con fondos públicos, sino que, se dejó legalmente por escrito que quien tuviera un problema de exceso de existencias por exceso de producción (a definir qué se entiende por “exceso”), estaría obligado a pagarse él mismo una destilación obligatoria. Una medida que seguramente supondrá un punto de inflexión en el necesario camino hacia el equilibrio entre producción y necesidades de mercado; no sólo en cuanto a cantidades, sino muy particularmente en cuanto a las calidades que necesitan los mercados, consumidor o clientes.
